Extorsión se consolida como principal desafío de seguridad en Oaxaca con 94.8% de impunidad
La extorsión se ha convertido en el principal problema de seguridad pública en Oaxaca, superando incluso al fraude y al robo, según revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Inegi. Durante 2025 se registraron 10,927 extorsiones por cada 100 mil habitantes, una tasa que evidencia la magnitud de un delito que en la mayoría de los casos permanece invisible ante las autoridades.
El panorama se agrava cuando se analiza la llamada cifra negra: únicamente 7.8% de los delitos ocurridos durante 2025 fueron denunciados y solo en 5.2% del total de ilícitos se abrió una carpeta de investigación. El resultado es que 94.8% de los delitos quedó sin denuncia o sin una investigación formal iniciada, una proporción ligeramente superior al promedio nacional de 93.2%.
Salomón Jara Cruz, quien asumió la gubernatura el 1 de diciembre de 2022 con un mandato que concluirá en noviembre de 2028, enfrenta así uno de los mayores desafíos de su administración en materia de seguridad. En enero de 2026, el gobernador fue ratificado en el cargo durante una consulta de revocación de mandato con una diferencia de 21 puntos porcentuales, aunque 38.1% de los votantes solicitó su renuncia. Semanas después, en febrero, removió a 12 miembros de su gabinete, incluyendo siete directores y cinco secretarios.
Dimensión nacional del problema
La extorsión en Oaxaca forma parte de una crisis nacional. Durante 2025, este delito alcanzó cifras récord en México con 11,081 víctimas reportadas, la cifra anual más alta en la última década según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional, la extorsión y el secuestro registraron los porcentajes más elevados de cifra negra, con 97.0% y 98.1% respectivamente.
La ENVIPE 2026 estimó que durante 2025 se cometieron 33.8 millones de delitos en México, con una tasa de 34,442 delitos por cada 100 mil habitantes. Oaxaca, con 34,691 delitos por cada 100 mil habitantes, se ubica ligeramente por encima del promedio nacional.
La tasa de extorsión en Oaxaca superó significativamente al fraude, con 7,155 casos por cada 100 mil habitantes, y al robo o asalto en vía pública o transporte, con 4,614 casos. Se estima que 27.5% de las familias oaxaqueñas sufrió al menos un delito durante 2025, lo que representa más de 343 mil hogares afectados.
Desconfianza institucional
La falta de denuncias no puede atribuirse únicamente a la apatía ciudadana. Entre quienes decidieron no acudir ante las autoridades, 54.2% atribuyó su decisión a factores relacionados con las propias instituciones: pérdida de tiempo, trámites complicados, desconfianza y temor a ser extorsionados por funcionarios.
Incluso cuando las víctimas cruzan la puerta del Ministerio Público, el panorama no mejora sustancialmente. De las investigaciones iniciadas, 59.6% permanecía archivada o en trámite sin una resolución concreta. A nivel nacional, solo 1 de cada 100 delitos cometidos durante 2025 tuvo una resolución positiva para la víctima.
La inseguridad representa además un costo económico considerable. Durante 2025, el costo total de la inseguridad en México ascendió a 267,300 millones de pesos, equivalente a 1.07% del PIB, con un promedio de 6,130 pesos por persona afectada.
Contraste con el discurso oficial
Los datos de la ENVIPE contrastan con la narrativa que durante meses ha sostenido la administración estatal. En junio pasado, Jara Cruz aseguró que Oaxaca se consolidaba como el quinto estado con menor incidencia delictiva y atribuyó ese resultado a una reducción de 32% en los delitos registrados. Dos meses después, su administración volvió a destacar resultados positivos y afirmó que 13 de 15 delitos de impacto presentaban disminuciones.
No obstante, la misma ENVIPE 2026 muestra un contraste importante: en términos de percepción de seguridad al caminar de noche, Oaxaca ocupó el tercer lugar nacional con 58.3% de la población sintiéndose segura, solo por debajo de Yucatán (62%) y Coahuila (60.3%). Este dato sugiere que, pese a los problemas de extorsión e impunidad, la percepción ciudadana sobre seguridad callejera mantiene niveles relativamente favorables en comparación con otras entidades del país.
